Mientras que Brasil fue el segundo líder mundial en la exportación de productos agrícolas en 2020, al final de ese mismo año el país también registró más de 116 millones de personas en inseguridad alimentaria, con acceso parcial o ningún a comida. De este total, 19 millones de brasileños pasan hambre, según la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Por otro lado, el 26,8% de la población adulta vive con obesidad, lo que no significa que sean personas bien alimentadas. Se trata de situaciones antagónicas: falta de acceso a la alimentación y consumo excesivo de productos no saludables. Vivimos en la confluencia de epidemias de obesidad, desnutrición y cambio climático, que se interrelacionan y retroalimentan.

En las últimas décadas, la ciencia ha demostrado y documentado las consecuencias que los modelos agrícolas convencionales tienen sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la salud de las personas, además de contribuir directamente al aumento de las temperaturas globales.

Al promover la deforestación, el monocultivo de commodities y el uso intensivo de pesticidas, los Sistemas Alimentarios actuales dictan la lógica de producción y uso de la tierra, transformándola en una planta de producción que produce a escala industrial. Los sistemas alimentarios no han podido promover la salud y respetar el medio ambiente.

El reporte «El estado de la agricultura y la alimentación», de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), reveló en 2016 que, en el mundo, la agricultura y el uso de la tierra contribuían a al menos el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de conversión de bosques en pastos y agricultura.

En 2019, según reporte del Observatorio del Clima, los cambios en el uso de la tierra para la agricultura en Brasil, con énfasis en la deforestación en la Amazonía y en el Cerrado para abrir nuevas áreas productivas, ascendieron al 44% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero nacionales. Entre todos los sectores, como la industria, la energía y el comercio, esto representa la mayor parte de la contribución al cambio climático.

Además, si sumamos los sectores agrícola y ganadero, este matrimonio corresponde, entre 1990 y 2018, a un promedio del 80% de las emisiones totales en Brasil.

Las consecuencias promovidas por esta lógica de negocios se sienten en todo el mundo. Y estas mismas consecuencias vuelven a impactar fuertemente al propio sector agrícola, que es el que más productividad perderá con la intensificación del cambio climático.

La agricultura ya está experimentando las consecuencias de períodos de sequía más prolongados y frecuentes, una mayor y mayor variabilidad de las temperaturas, cambios en los patrones de lluvia y una mayor intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, desertificación y aumento del nivel del mar. Esta caída esperada de la productividad tendrá un impacto directo en la inseguridad alimentaria en un país que está experimentando los terribles efectos del hambre.

Económicamente, los récords consecutivos de cultivo y producción de la agroindustria brasileña, que en 2020 representó el 26% del PIB interno, deberían verse fuertemente impactados por el cambio climático. A escala mundial, las estimaciones de pérdidas económicas futuras causadas por el cambio climático son de hasta el 18% del PIB mundial, según un informe del Swiss Re Institute.

Al final, es un sistema alimentario que se está saboteando a sí mismo: al batir récords de cosecha tras récords, contribuye al cambio climático y, por lo tanto, contribuye a su propio fin.

Un modelo diferente

Hoy vivimos en una sindemia global causada por altos índices de obesidad, desnutrición y cambio climático. Este es el mayor desafío actual para la sociedad, el medio ambiente y el planeta. Enfrentarlo pasa invariablemente por una profunda transición no solo en la lógica del uso de la tierra y la producción de alimentos, sino también en su transporte, distribución, comercialización y consumo.

El sector agrícola es responsable de reducir radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero mediante, por ejemplo, la recuperación de 72 millones de hectáreas de pastos en estado de grave degradación en Brasil. La medida reduciría significativamente la presión para abrir nuevas áreas y evitaría pérdidas anuales de alrededor de R$9,5 mil millones a los productores, según el Instituto ClimaInfo.

La pérdida de biodiversidad en Brasil es a escala continental. Según el 1º Diagnóstico Brasileño de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, solo queda el 26% de la cubierta vegetal de los Pampas, el 28% de la Mata Atlántica y el 55% del Cerrado, los tres biomas más afectados.

Esto perjudica la capacidad ambiental de retención de carbono, alterando la regulación climática y afecta la capacidad y el mantenimiento de la producción de oxígeno atmosférico, la formación y retención del suelo, el ciclo de nutrientes, el suministro de agua y energía, entre otros. También significa la pérdida de innumerables especies vegetales y animales, con potencial para uso medicinal y alimentario, así como de incalculable relevancia.

Tras la deforestación y la apertura de nuevas áreas productivas, el sector agrícola apuesta por el uso intensivo de plaguicidas. Según el diagnóstico, en los últimos diez años la aplicación de los denominados plaguicidas agrícolas aumentó en un 190%.

Esta práctica provoca contaminación de cursos de agua, agotamiento de suelos, pérdida de biodiversidad y promueve consecuencias en la salud de las personas, según documenta la Asociación Brasileña de Salud Colectiva.

Además de mitigar estos procesos nocivos, una agenda de transición de sistemas debe considerar el investimento y potencialización de dinámicas y negocios que permitan un uso adecuado de los elementos naturales. En este sentido, diferentes estudios destacan el papel fundamental de los pueblos tradicionales y la agricultura familiar como actores con conocimientos y prácticas alineadas con el uso sostenible de la biodiversidad.

Todas estas iniciativas, fundamentales no solo para mantener la productividad económica, sino para la vida en este planeta, encajan dentro de una agricultura y un Sistema Alimentario que siembra más justicia, igualdad y salud.

¿Cumbre para quién?

La primera Cumbre de Sistemas Alimentarios de la historia, organizada por la ONU, está programada para septiembre, con un pre-evento del 26 al 28 de julio en Roma, Italia. Esta sería una oportunidad importante para avanzar en una agenda de transición modelo si no fuera por la captura corporativa a la que se somete el evento.

Una de las principales razones para no reconocer esta cumbre como legítima es el nombramiento de Agnes Kalibata para encabezarla, una figura notablemente conocida por sus vínculos con la agroindustria en el continente africano. Ella es parte de la Alianza para la Revolución Verde en África (AGRA) y muestra dificultad para reconocer la importancia y los derechos de los pequeños productores en los sistemas alimentarios.

La sociedad civil organizada, a través del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas, promoverá un evento paralelo para desafiar el foro.

Para dar voz a los actores que son parte de los Sistemas Alimentarios, pero que quedaron fuera de este espacio tomado por el corporativismo, la sociedad civil impulsará una Contramovilización de los pueblos para transformar los sistemas alimentarios corporativos entre el 25 y 27 de julio, con una etapa para América Latina en el 22 y 23. Serán espacios de resistencia, para exigir y proponer una agenda de transición para Sistemas Alimentarios sostenibles y saludables.

Acceda aquí a la posición de Idec en la Cumbre de Sistemas Alimentarios 2021.